En este Primer Foro se vio la nueva comisión Coordinadora Ejecutiva y se acordaron las prioridades como el cambio climático, su impacto en la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre, debido a los efectos de las prácticas no sostenibles de los sistemas agroalimentarios sobre el clima y el medio ambiente, así como los impactos del cambio climático sobre la producción de alimentos.

Dado que el hambre es mayor en mujeres, se implementó una línea de trabajo sobre género y se está elaborando la “Guía Práctica para incorporar el enfoque de género en el trabajo parlamentario para erradicar el hambre y la malnutrición”. En tanto que en el Plan de Seguridad Alimentaria y Erradicación del Hambre 2030 se trabajarán estrategias para la búsqueda de recursos, se afianzarán las relaciones con los socios actuales y la concreción de nuevos espacios de colaboración en la Unión Europea y en la región.

“Aspiramos a que esta colaboración se consolide en un vínculo estable y estratégico con la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria, aportando evidencia, formación y análisis que fortalezcan la capacidad de legislar, fiscalizar y rendir cuentas con base en datos, no solo en diagnósticos. Durante estos años, hemos trabajado en fortalecer los instrumentos que hacen posible la labor parlamentaria en seguridad alimentaria”, explicó Angélica Hernández.

CONTEXTO

En 2009, surge el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, (con el apoyo del Programa España – FAO) que es una red plural de legisladores presente en 21 países de la región, con el objetivo de trabajar para una América Latina y el Caribe sin Hambre. Desde su creación ha impulsado más de 100 leyes vinculadas al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible hambre cero.

El Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe (ODA-ALC), es una red académica que desde hace más de una década acompaña el trabajo de los parlamentos en su labor legislativa y en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Reúne a más de 110 universidades y centros de investigación en más de 17 países de América Latina y el Caribe, además de su red hermana en España y una en formación en África. A lo largo de estos años, la red ha evolucionado de producir conocimiento académico a construir puentes con la acción parlamentaria. Su objetivo es que las decisiones estén respaldas por una cultura de la evidencia, que las leyes sean más efectivas y que los compromisos tengan continuidad más allá de los ciclos de gobierno.

“Queremos consolidar una Comunidad Iberoamericana y Caribeña del Conocimiento, un espacio permanente donde la ciencia, la política y la cooperación dialoguen y produzcan soluciones compartidas. La próxima fase será la de una red que no solo genera conocimiento, sino que impulsa decisiones. Porque los compromisos políticos necesitan evidencia, y la evidencia necesita voluntad política”, afirmó.